La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) manifiesta su preocupación por los hechos de desplazamiento forzado interno que se han presentado en las últimas semanas en Colombia

BOGOTÁ, Colombia, enero 23 de 2018 (ACNUR). - La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) manifiesta su preocupación por los hechos de desplazamiento forzado interno que se han presentado en las últimas semanas. Tal como lo manifestó ayer la Defensoría del Pueblo, y de acuerdo al seguimiento y acompañamiento de ACNUR en el terreno, las comunidades de Maguí Payán y Cumbal (Nariño) y Cáceres (Antioquia) sufrieron desplazamientos masivos con un importante número de personas afectadas. La comunidad del municipio de San José de Uré, en el departamento de Córdoba, también se ha visto obligada a desplazarse, luego del homicidio de uno de sus líderes.

Ante esta situación, el ACNUR llama la atención sobre el incremento del número de desplazamientos masivos desde el año anterior. Comparativamente, en solo el mes de enero de 2018 se han visto obligadas a desplazarse más de 1000 personas lo que implicaría un incremento importante respecto a los mismos hechos en el mes de enero de 2017, cuando más de 230 personas fueron desplazadas en eventos masivos.

Lo anterior alerta sobre la grave situación de riesgo en la que se encuentran las poblaciones ubicadas en zonas de disputa de actores armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el ELN y disidencias de las FARC, entre otros. En estas zonas las poblaciones se ven afectadas no solo por el desplazamiento forzado sino que muchas veces son confinadas en sus propios territorios, quedando sin acceso a actividades básicas de subsistencia.

En las zonas afectadas, ACNUR ha apoyado la respuesta de las instituciones del Estado, las autoridades locales y de la Unidad de Víctimas en la asistencia a las poblaciones.

Es urgente tomar medidas que garanticen de manera permanente la seguridad de estas poblaciones, campesinas, indígenas y afrocolombianas, así como asegurar la presencia integral de las instituciones del Estado, para que sea posible que las comunidades permanezcan en sus territorios con condiciones de seguridad y dignidad.

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